La lógica que incluye el proyecto de Ley de Comunicación del Gobierno nacional es una sola: si los medios de comunicación son empresas, hay que tratarlas como tal. De un lado que la simbiosis de órgano reproductor de los intereses ciudadanos y la expresión pública libre, aquí y ahora, en la cúspide de la globalización capitalista mundial, es hora de dar al César lo que es del César.
Como parte del fenómeno trasnacional del mercado, sin límites algunos por los estados-nación, los medios de comunicación han proliferado su status de alter ego de la democracia, es decir, buscan solidificar el concepto con su receta de contrapoder, pero al interior de su constitución el modelo no se aplica en lo más mínimo, no por desinterés o mala fe, sino por el simple hecho de representar un espacio empresarial con netos fines económicos, donde la producción de capital es la razón de ser, indiferente del producto social que posee el negocio.
Así con esa mecánica, y pese al enorme poder que la llamada “prensa libre” disipa, acá en el país el debate de la Ley de Comunicación ha sido extenso y partícipe de varios frentes de opinión. Criticado como una “ley mordaza” o el fin de la libertad de expresión por estos lares, el proyecto del asambleísta Panchana guarda en su interior bases sólidas para regulación de cualquier entidad comercial, algo que sucede con los bancos, compañías, asociaciones, microempresarios por nombrar algunos. De hecho, la definición de varios artículos de la propuesta apuntan a la rendición de cuentas, ante sus usuarios y trabajadores de los medios de comunicación, procesos que bajo el telón de medio informativo han sido olvidados o ignorados.
Que se de garantías a la honra de las personas y su derecho de rectificación, que los periodistas que trabajen de planta sean eso, periodistas, con título en mano; la nueva representatividad que se entrega a los gremios profesionales de periodistas, la realización colectiva de los manuales y códigos de ética y la activación de un defensor del público son entre otras normativas que involucran una evolución democrática en instituciones que se dicen de “interés social” pero que ala vez regulan y hacen respetar derechos de empleados y usuarios, primas básica en el manejo de cualquier empresa.
Caso aparte merece el derecho a la objeción de conciencia, cuya aplicación responde netamente a los componentes sociales que manejan los medios y representan, en caso de su aplicación, una de las pocas diferencias con las empresas comunes. Esa capacidad de disentir de la línea editorial cuando se enmarca en conceptos fuera de la deontología periodística, tiene la posibilidad de sentar bases para el respeto de la ideología y pensamiento del trabajador en cualquier función productora.
Aunque el proyecto en esa línea pinta bien, hay tareas que para mí quedan en el aire. La aplicación de un escalafón salarial para los periodistas, la oportunidad de asociación entre gremios de empleados de distintos medios de comunicación, y una mayor participación del ciudadano en el Consejo Nacional de Comunicación (que no debe ser liderado por el representante del Ejecutivo), son algunos aspectos que pueden revisarse con calma para acceder a una ley que encarrile el accionar de uno de los pocos oligopolios que avanza sin preocuparse en cuentas u omisiones.
Como parte del fenómeno trasnacional del mercado, sin límites algunos por los estados-nación, los medios de comunicación han proliferado su status de alter ego de la democracia, es decir, buscan solidificar el concepto con su receta de contrapoder, pero al interior de su constitución el modelo no se aplica en lo más mínimo, no por desinterés o mala fe, sino por el simple hecho de representar un espacio empresarial con netos fines económicos, donde la producción de capital es la razón de ser, indiferente del producto social que posee el negocio.
Así con esa mecánica, y pese al enorme poder que la llamada “prensa libre” disipa, acá en el país el debate de la Ley de Comunicación ha sido extenso y partícipe de varios frentes de opinión. Criticado como una “ley mordaza” o el fin de la libertad de expresión por estos lares, el proyecto del asambleísta Panchana guarda en su interior bases sólidas para regulación de cualquier entidad comercial, algo que sucede con los bancos, compañías, asociaciones, microempresarios por nombrar algunos. De hecho, la definición de varios artículos de la propuesta apuntan a la rendición de cuentas, ante sus usuarios y trabajadores de los medios de comunicación, procesos que bajo el telón de medio informativo han sido olvidados o ignorados.
Que se de garantías a la honra de las personas y su derecho de rectificación, que los periodistas que trabajen de planta sean eso, periodistas, con título en mano; la nueva representatividad que se entrega a los gremios profesionales de periodistas, la realización colectiva de los manuales y códigos de ética y la activación de un defensor del público son entre otras normativas que involucran una evolución democrática en instituciones que se dicen de “interés social” pero que ala vez regulan y hacen respetar derechos de empleados y usuarios, primas básica en el manejo de cualquier empresa.
Caso aparte merece el derecho a la objeción de conciencia, cuya aplicación responde netamente a los componentes sociales que manejan los medios y representan, en caso de su aplicación, una de las pocas diferencias con las empresas comunes. Esa capacidad de disentir de la línea editorial cuando se enmarca en conceptos fuera de la deontología periodística, tiene la posibilidad de sentar bases para el respeto de la ideología y pensamiento del trabajador en cualquier función productora.
Aunque el proyecto en esa línea pinta bien, hay tareas que para mí quedan en el aire. La aplicación de un escalafón salarial para los periodistas, la oportunidad de asociación entre gremios de empleados de distintos medios de comunicación, y una mayor participación del ciudadano en el Consejo Nacional de Comunicación (que no debe ser liderado por el representante del Ejecutivo), son algunos aspectos que pueden revisarse con calma para acceder a una ley que encarrile el accionar de uno de los pocos oligopolios que avanza sin preocuparse en cuentas u omisiones.
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